martes, 16 de febrero de 2010

Dante Gullo pide que Macri informe sobre la instalación de comisarías de la Metropolitana en parques públicos

El diputado nacional presentó un Proyecto que exhorta al Gobierno de la Ciudad a que “se abstenga en su aplicación” porque se trata de “Espacios públicos destinados al esparcimiento y a la práctica del deporte comunitario con lo que la ilegalidad e irrazonabilidad de las medidas adoptadas resultan flagrantes”.

El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó un Proyecto de Resolución para que el Gobierno de la Ciudad informe por qué van a “utilizar espacios de Uso Publico del Parque Sarmiento, el Paseo de la Chacarita de Los Colegiales y el Parque Los Andes respectivamente, con el propósito de instalar sendas Comisarías Comunales de la Policía Metropolitana” ya que “las mismas afectan espacios comunes de uso público de los habitantes de esta ciudad, y el derecho de libre acceso y circulación a través de ellos”.

El Proyecto presentado en el Congreso de la Nación exhorta a que se "abstengan en su aplicación" y advierte que el intento del Gobierno de la Ciudad es incompatible con “los artículos 27 y 33 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las normas vigentes que garantizan la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, como así también su uso común, y promueven la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de oportunidades a través del sostenimiento de centros deportivos gratuitos”.

Asimismo, el documento expresa que el intento de emplazar las comisarías de la policía Metropolitana en los espacios de uso público tampoco está autorizado en “el Código de Planeamiento Urbano, por lo que su concreción resultaría manifiestamente inconstitucional e ilegal”.

En el mismo sentido, solicita que se informe si se han realizado estudios de impacto ambiental y audiencias públicas para la toma de decisiones, si se han programado o efectuado modificaciones respecto del mobiliario de los parques que son patrimonio del conjunto de los ciudadanos y si se han tenido en cuenta las disposiciones legales vigentes que establecen la exclusividad de los usos posibles para las zonas instituidas como distritos de Urbanización Parque.



A continuación, el texto completo del Proyecto presentado:


Proyecto de Resolución


La Honorable Cámara de Diputados de la Nación,


RESUELVE:


1) Dirigirse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que a través de los organismos que correspondan, se sirva informar a este Honorable Cuerpo sobre diversas cuestiones relacionadas con el dictado de las resoluciones N° 31 – MJYSGC/10; BO 3.349 y N° 30 – MJYSGC/10; BO 3.348, mediante las cuales se dispone utilizar espacios de Uso Publico del Parque Sarmiento, el Paseo de la Chacarita de Los Colegiales y el Parque Los Andes respectivamente, con el propósito de instalar sendas Comisarías Comunales de la Policía Metropolitana, a saber:

a) Si se han realizado Audiencias Públicas para la toma de decisiones tan trascendentales como las aludidas, toda vez que las mismas afectan espacios comunes de uso público de los habitantes de esta ciudad, y el derecho de libre acceso y circulación a, y a través de ellos.-

b) Si se han realizado estudios de impacto ambiental que determinen las posibles consecuencias negativas que deriven de las construcciones de los mencionados edificios, no solo en su carácter estructural sino también en lo atinente a sus distintos aspectos funcionales propios de una comisaría actuando dentro de los Parques.-

c) Si se han programado o efectuado modificaciones respecto del mobiliario de los parques, que son patrimonio del conjunto de los ciudadanos; y en caso afirmativo, se expongan en forma detallada y justificadamente los motivos de dichas modificaciones.-

d) Informe sobre cuales son los montos reales previstos para llevar a cabo la construcción de las comisarías en cuestión.-

e) Cuales son los Criterios de viabilidad respecto de la localización y emplazamiento de las Comisarías Comunales de la Policía Metropolitana, teniendo en cuenta la proximidad con las Comisarías de la Policía Federal Argentina.-

f) Si se han tenido en cuenta las disposiciones de los artículos 27 y 33 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las normas vigentes que garantizan la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, como así también su uso común, y que promueven la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de oportunidades a través del sostenimiento de centros deportivos gratuitos.

g)Si se han tenido en cuenta las disposiciones legales vigentes que establecen la exclusividad de los usos posibles para las zonas instituidas como distritos de Urbanización Parque (Ley 449 C. Aut. de Bs, As.), tal como se hallan encuadrados los Parques de referencia, y cómo se pretende compatibilizar los nuevos emplazamientos con la normativa aludida.

2) Exhortar a las Autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se abstengan de la aplicación de las resoluciones señaladas en el punto 1’ precedente, hasta tanto se hayan elucidado las conflictivas planteadas en el presente pedido de informes y se halle garantizada la plena compatibilización de las decisiones adoptadas con las normas Constitucionales y legales vigentes en dicha Ciudad.


FUNDAMENTOS.-
Sr. Presidente:
El principio de Legalidad es inherente al Estado de Derecho y supone que todos y cada uno de los miembros de la sociedad nos hallamos sometidos a la Ley.

En el caso de los gobernantes tal requisito es más rígido en tanto supone que a diferencia de los gobernados, que pueden hacer todo aquello que la ley expresamente no prohíbe (Art. 19 Constitución Nacional), aquellos SOLO PUEDEN HACER LO QUE LA LEY EXPRESAMENTE LES AUTORIZA.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezado por el Ingeniero Mauricio Macri es el claro contraejemplo de tal principio: Su gestión se encuentra plagada de ilegalidad por donde se la mire, y su matriz autoritaria y antidemocrática se expresa en todos y cada uno de sus actos de gobierno.

Así ha quedado plasmado, entre otros, en el tema de la tristemente célebre Policía Metropolitana, que antes de nacer tiene dos ex Jefes procesados (Palacios y Chamorro) por escuchas ilegales entre otros delitos –el primero de ellos detenido con prisión preventiva- y un agente ‘de inteligencia’ –Ciro James-, encubierto en el Ministerio de Educación local, también preso.

Ahora Macri vuelve a la carga con la decisión de emplazar ‘comisarías metropolitanas’ en espacios públicos como los de los parques señalados en el presente proyecto.

Por cierto que una comisaría supone además de todo lo inherente a su funcionamiento, la instalación de celdas, al menos preventivas, uso de armamentos – que para Macri deben incluir pistolas de descargas eléctricas asimiladas a la tortura por las Naciones Unidas entre otras-, y movimiento policial, EN LUGARES PUBLICOS DESTINADOS AL ESPARCIMIENTO Y A LA PRACTICA DEL DEPORTE COMUNITARIO, con lo que la ilegalidad e irrazonabilidad de las medidas adoptadas resultan flagrantes.

En efecto, los arts. 27 y 33 de la Constitución de la Ciudad lo prohiben, y también lo hace el Código de Planeamiento Urbano, por lo que su concreción resultaría manifiestamente inconstitucional e ilegal.

Su desprecio por los vecinos de los Parques afectados se traduce en la absoluta ignorancia y desprecio por su opinión (ausencia de audiencias públicas), y su indiferencia respecto de los derechos medioambientales queda reflejada en la falta de estudios de tal naturaleza que ayuden a prevenir efectos nocivos en el ecosistema.

Ni hace falta resaltar su desprecio por los derechos de los niños que concurren a los parques y la consecuente conculcación de los mismos, actualmente consagrados en la Convención Internacional que los contiene y que cuenta con jerarquía constitucional, art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.

En tal virtud, los vecinos del Parque Sarmiento, como lo han hecho y siguen haciendo los de Parque Chacabuco, entre otros, se han organizado y el pasado Sábado 13 de Febrero de 2010 han realizado una manifestación en protesta por el proyecto macrista y han realizado un abrazo simbólico del Parque.

Varios legisladores de la Ciudad han presentado proyectos contrarios a los emplazamientos, y tanto la defensora adjunta porteña, Graciela Muñiz, como algunos legisladores, han rechazado el intento y han presentado acciones de amparo en su contra.

Los 23 millones de pesos que se utilizarían en la construcción de los ‘precintos’ (forma elusiva de referirse a las ‘comisarías’), constituyen otro punto de preocupación indicado por la defensora del pueblo aludida, quien señaló que hubiera sido preferible que tales fondos se utilizaran para el mejoramiento de la infraestructura del Parque, que cobija a miles de niños y adolescentes, en especial a través de las colonias de verano, y que no ha recibido ningún aporte del Gobierno de la Ciudad destinado a tal fin.

Por todo ello, y por las graves razones apuntadas, parece propicio exhortar al Gobierno porteño a fin de que se abstenga de implementar sus proyectos de emplazamiento comisarial, hasta tanto se los adecue a la normativa vigente, tanto de rango constitucional cuanto legal, y a tal fin resultará útil contar con la información que se requiere por el presente pedido, cuya aprobación por mis pares solicito.

jueves, 4 de febrero de 2010

Dante Gullo expresó su “profunda preocupación” y un categórico rechazo a la decisión de Macri de usar armas eléctricas en la Policía Metropolitana


Además, exhortó al Gobierno de la Ciudad “a que se abstenga de utilizar dichas armas”.

El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó hoy un Proyecto de Resolución para expresar “su profunda preocupación y su más categórico rechazo, en relación con la decisión del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de proveer a los agentes de la Policía Metropolitana de las armas electrónicas de descargas paralizantes conocidas como ‘TASER X 26’”.

El documento indica que el uso de estas armas en los países que lo autorizaron “ha producido numerosas lesiones y muertes” y generó “severos cuestionamientos de las Naciones Unidas, a través del Comité de aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como así también del Consejo de la Unión Europea y de prestigiosos organismos internacionales de Derechos Humanos, como Amnesty Internacional”, quienes requirieron a los Estados la prohibición de su importación o exportación con el fin de impedir su uso.

En el mismo sentido, el Proyecto exhorta “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se abstenga de utilizar dichas armas, tal como lo han propuesto los organismos internacionales” y que “se limite a dar cumplimiento a las específicas tareas de seguridad que le corresponden conforme la ley 2894, que en su artículo 28 expresamente le prohíbe al personal policial de la Ciudad infligir, instigar o tolerar cualquier acto de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

En los Fundamentos, el diputado expresa que “nuevamente el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos exhibe su veta más autoritaria y represiva, en forma cruda y manifiesta”. Y agrega que “No conforme con los desaguisados cometidos en la formación de su malhadada Policía Metropolitana, que antes de salir a la luz ya tiene procesado y detenido a su primer jefe (‘Fino’ Palacios) por escuchas ilegales y otros delitos, imputados por causas similares a su segundo jefe (Chamorro) y al agente de inteligencia Ciro James, camuflado como presunto funcionario del Ministerio de Educación de la Ciudad, y no satisfecho con lo actuado por su fuerza de choque mal llamada UCEP –ahora disuelta- especializada en desalojos compulsivos contra los más humildes, ni con la instrucción de sus aspirantes policiales por miembros de las FFAA en funciones, en franca violación a las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, viene ahora a dotar a esa Policía con pistolas electrónicas generadoras de intensas descargas eléctricas cuyo uso fuera desaconsejado y rechazado por numerosos organismos internacionales pluriestaduales y de la sociedad civil”.
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