Foto: Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras
El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo expresó hoy su repudio ante el golpe de Estado perpetrado en Honduras por las Fuerzas Armadas de ese país y manifestó su solidaridad con el presidente constitucional Manuel Zelaya y el pueblo hondureño. A tal efecto, presentó ante el Congreso Nacional un Proyecto de Resolución, que también lleva la firma de la diputada Juliana Di Tullio, en el que repudia el golpe de Estado perpetrado en Honduras “por sus Fuerzas Armadas, que secuestraron y expatriaron compulsivamente a su presidente constitucional, Manuel Zelaya”.
Además, el Proyecto subraya “su beneplácito por las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional y la Cancillería, por las que se decidió convocar a la Unasur para defender unitariamente, con los países que la integran, la democracia hondureña, así como exigir el cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA a fin de que se restituya de inmediato el orden constitucional vulnerado en el Estado Hondureño”.
A continuación, el texto completo del Proyecto presentado en el Congreso de la Nación:
PROYECTO DE RESOLUCION
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION,
RESUELVE:
1-. Repudiar el golpe de Estado perpetrado en Honduras por sus Fuerzas Armadas, que secuestraron y expatriaron compulsivamente a su presidente constitucional, Manuel Zelaya.
2-. Expresar su solidaridad con el presidente Manuel Zelaya así como con la democracia y el pueblo hondureño.
3-. Manifestar su beneplácito por las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional y la Cancillería, por las que se decidió convocar a la Unasur para defender unitariamente con los países que la integran la democracia hondureña, así como exigir el cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA a fin de que se restituya de inmediato el orden constitucional vulnerado en el Estado Hondureño.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Una práctica que los países latinoamericanos deseamos desterrar para siempre de nuestro subcontinente, ayer, 28 de junio de 2009, se repitió en Centroamérica. En Honduras, por la mañana, unidades militares salieron a la calle y consumaron un golpe de Estado. Ametrallaron la casa del Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, lo secuestraron y lo expatriaron a Costa Rica, donde aún permanece hospedado por el gobierno. Desde allí responsabilizó del hecho a la elite económica hondureña y reafirmó que es el Jefe de Estado: “sólo el pueblo me puede quitar o poner. No va a ser un grupo de gorilas el que me va a arrebatar el poder moral que me dio el pueblo de mi país” (Diario Página 12, 29/06/09). Por su parte, en Tegucigalpa, los golpistas ya nombraron como nuevo presidente al jefe del Congreso, Roberto Micheletti, previa difusión de una carta apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida por la CNN sin antes reconfirmar la veracidad de la noticia. No obstante, el pueblo desestimó el engaño y salió a la calle en un intento para detener a los tanques y los vehículos del ejército a mano limpia y para exigir el retorno a la presidencia de Zelaya.
Inmediatamente, mandatarios y organizaciones de todo el mundo salieron a denunciar un nuevo atropello contra la “democracia”. Así, la OEA, Barak Obama, entre otros, llamaron a rechazar el golpe en nombre de la institucionalidad republicana.
Destaquemos que el ataque de las Fuerzas Armadas hondureñas no es solo contra la “democracia”: América Latina vive, desde hace más de una década, un proceso de integración entre muchos de sus países los cuales, a su vez, implementan políticas que favorecen a los sectores populares. Para ello, los gobiernos nacionales y populares latinoamericanos -desde el venezolano hasta el boliviano, pasando por el ecuatoriano y el argentino- debieron recuperar el rol rector de sus respectivos Estados y avanzar sobre mayores porciones de la renta (petrolífera, gasífera, sojera, etc.), con el objeto de recuperar las economías nacionales –destruidas por las políticas neoliberales de los ’90-, redistribuir las riquezas e incrementar los niveles de igualdad social. Por su parte, los pueblos latinoamericanos adquirieron conciencia acerca de la defensa de sus intereses y apoyan a sus gobiernos en la profundización de los cambios que los benefician.
Allí se encuentra el nudo que las clases dominantes buscan desatar y, ante la imposibilidad de lograr sus objetivos mediante mecanismos democráticos, apelan a la acción directa: el golpe de Estado: en Venezuela, en 2002; la insurrección de la Medialuna en Bolivia y la intentona destituyente de 2008/09 en Argentina, son cabales ejemplos de este proceso.
El golpe de Estado en Honduras es un nuevo eslabón en esta cadena de sucesos que buscan detener el avance del proceso popular y nacional latinoamericano y eliminar las conquistas que los pueblos lograron en este tiempo.
A la hora en que los soldados secuestraron al Presidente de Honduras -así como a otros dirigentes y funcionarios alineados con sus políticas- el país se encontraba en medio de una consulta popular no vinculante para reformar la constitución. Plebiscito no sólo legal sino legítimo ya que fue avalado por 400 mil firmas. De hecho, defienden el llamado a una Asamblea Constituyente las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, que acompañan al Presidente Zelaya en su propuesta de profundizar los cambios nacionales y populares que estaban en curso.
El Presidente Zelaya, al convocar al plebiscito que posibilitara una reforma constitucional, declaró que la misma serviría para acabar con un sistema “que sólo defiende a los poderosos, los ricos y los banqueros”.
Luego de intentar todo tipo de boicot a la votación, las Fuerzas Armadas hondureñas dieron el golpe de Estado reclamado por los empresarios, la Iglesia, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Fiscalía General, el Congreso y la Procuraduría General. El obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor Darwin Andino, había afirmado que “la Iglesia católica y todo cristiano no respaldan la ilegítima consulta del gobierno por ser inaceptable, y en el que está la mano del presidente Hugo Chávez''. El jueves, el ejército se había negado a repartir las urnas, por lo que el Presidente destituyó a su jefe, el General Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Pero la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al general en su puesto. Mientras la OEA observaba el proceso y llamaba al “diálogo nacional amplio”, el poder económico concentrado hondureño, consciente respecto de la imposibilidad de semejante consigna, pergeñó el ataque.
Las declaraciones de Chávez señalaron correctamente a los responsables: las clases dominantes hondureñas, y agregó: “Fue un ataque contra todos nosotros”. Efectivamente, el golpe hondureño está dirigido contra los gobiernos y sus pueblos que denodadamente luchan por evitar que la crisis la paguen los mismos de siempre. Esto es, los sectores medios y pobres de nuestras poblaciones.
Por su parte, desde nuestro país, la Presidenta Cristina Fernández declaró: “Vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya además de garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos. También adelantó que la Argentina convocará a todos los gobiernos de la Región para buscar una salida pacífica al conflicto y reclamó a la OEA el cumplimiento de la Carta Democrática, esto es que se cumpla a rajatabla el respeto de las Constituciones y de las votaciones populares.
Por último, el canciller Taiana se comunicó con su par hondureña, Patricia Rodas, quien le relató que estaba “rodeada por tierra y por aire” por las Fuerzas Armadas. En un breve diálogo, el canciller argentino le manifestó “la solidaridad del Gobierno y la voluntad política de los países de la Región para exigir el restablecimiento en el gobierno del presidente hondureño” (P12, 29/06/09).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.
El 26 de julio de 1822, las dos figuras más importantes de la liberación de América del Sur se reunieron en Guayaquil. Allí, José de San Martín y Simón Bolívar acordaron la estrategia para la liberación definitiva de Latinoamérica. Se iniciaba el camino de la Patria Grande. “El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantes fundadores. Esos son héroes; los que pelean para hacer a los pueblos libres, o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, sino criminales”, como dijera José Martí.
Otro 26 de julio, en 1890, se inició la Revolución del Parque, una insurrección cívico-militar dirigida por la Unión Cívica, que lideraban Leandro Alem, Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen, entre otros. La revolución fue derrotada pero de todos modos llevó a la renuncia del presidente Juárez Celman. Es el momento en que la sociedad civil urbana comienza a ser protagonista: los obreros organizan los sindicatos, surgen los partidos políticos modernos, cooperativas, organizaciones feministas. El pueblo comenzó a exigir que se reconozcan sus derechos políticos, sociales y culturales. Como consecuencia, en 1912, fue sancionada la Ley que estableció el sufragio secreto y universal para varones.
También un 26 de julio, en 1952, Evita entró en la inmortalidad. Durante dos semanas millones de argentinos y argentinas le rindieron homenaje y expresaron su amor a la abanderada de los humildes, pero no fue una despedida, muy por el contrario, Evita se erigió como patrimonio histórico y cultural de la humanidad, como símbolo universal de justicia social, de entrega a los pobres, de amor por el pueblo. Como ella misma definió: «Quiero terminar con una frase muy mía, que digo siempre a todos los descamisados de mi patria, pero no quiero que sea una frase más, sino que vean en ella el sentimiento de una mujer al servicio de los humildes y al servicio de todos los que sufren: “Prefiero ser Evita, antes de ser la esposa del Presidente, si ese Evita es dicho para calmar algún dolor en algún hogar de mi Patria”».
El 26 de julio de 1953, en Cuba, un grupo de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo, al mando del abogado Fidel Castro, inició el Asalto al Cuartel Moncada. Fue una acción armada cuyo objetivo era derrocar al dictador Fulgencio Batista. Fidel les dirigió esta brevísima exhortación: “Compañeros: Podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos; pero de todas maneras, ¡óiganlo bien, compañeros!, de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. ¡Jóvenes del Centenario del Apóstol! Como en el 68 y en el 95, aquí en Oriente damos el primer grito de ¡Libertad o muerte! Ya conocen ustedes los objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso y todo el que salga conmigo de aquí esta noche debe hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que quedarse por falta de armas. Los que estén determinados a ir, den un paso al frente. La consigna es no matar sino por última necesidad”.
