Diputados nacionales reclaman que Macri informe sobre el espionaje ilegal

El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó hoy un Proyecto para que el jefe de gobierno de la Ciudad, ingeniero Mauricio Macri, informe a la Cámara Baja “De qué esferas de su gobierno surgieron las directivas impartidas al ex jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, a fin de que el mismo realizara ‘tareas de inteligencia’ respecto de dirigentes políticos de la oposición, legisladores, gremialistas y miembros de su propia administración, inclusivas de la obtención de información financiera de los mismos”.

El Proyecto, que también lleva las firmas de los diputados Julio Piumato, Vilma Ibarra, Claudio Lozano, Claudio Morgado, María Lenz y Miguel Bonasso, interroga si las ‘tareas de inteligencia” que realizó Chamorro “se inscriben en la política de espionaje ilegal detectada por la investigación del Juez Federal Norberto Oyarbide, por las escuchas telefónicas ilegales contra Sergio Burstein y otros ciudadanos en la que participó el agente municipal de su gobierno, Ciro James”. Tanto James como el primer ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios, hoy están detenidos por la comisión de graves delitos.

En los fundamentos del proyecto se expresa que “la Justicia día a día descubre nuevos hechos que empañan de ilegitimidad, ilegalidad e impudicia al gobierno porteño, corresponde que como integrantes del Poder Legislativo de la Nación exijamos del Jefe de Gobierno implicado las explicaciones e informaciones que permitan transparentar el entramado de complicidades y acciones clandestinas e ilegales con que ha quedado manchada su administración, permitiendo al pueblo de la Ciudad, titular de la soberanía, y a sus representantes, analizar los hechos y obrar en consecuencia”.

Los diputados también requieren información sobre “la responsabilidad y el rol del gobierno que conduce, en el diseño de la estrategia instrumentada a través de dos jueces de la Provincia de Misiones, por la cual y en base a falsas denuncias, se ordenaban escuchas ilegales de los teléfonos de dirigentes sociales, empresarios y aún parientes del propio jefe de Gobierno”.

En el mismo sentido reclaman que Macri explique “Cual ha sido el rol que ha desempeñado el primer ex Jefe la Policía Metropolitana, Jorge ‘Fino’ Palacios, en el armado de una red de espionaje que operaría desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inclusiva de tareas de inteligencia interna y escuchas telefónicas ilegales – calificadas por el Juez interviniente como una ‘verdadera Gestapo‘”.

Además, los diputados firmantes demandan saber “Cuales son las razones por las que no ha separado de su cargo al Ministro de Seguridad de su gobierno, Guillermo Montenegro, por su ineludible responsabilidad política en los gravísimos hechos que se vienen sucediendo en clara confrontación con el derecho a la privacidad de quienes fueran victimas de investigaciones y escuchas ilegales”.

Por último, solicitan que Macri manifieste “Cuales han sido las razones por las que se ha apartado de las disposiciones vigentes en materia de seguridad e inteligencia interna, violando, entre otras, la normativa de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Seguridad Interior y asumiendo tareas totalmente ajenas a su jurisdicción local y extrañas a las funciones de una policía comunal, con rasgos totalitarios y antidemocráticos, en desmedro de los derechos de los ciudadanos afectados”.


A continuación el texto completo del Proyecto:

P R O Y E C T O D E R E S O L U C I O N


LA H. CAMARA DE DIPUTADOS,


RESUELVE:

Dirigirse al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio Macri, a fin de que informe a este H. Cuerpo:

1- De qué esferas de su gobierno surgieron las directivas impartidas al ex jefe de la Policía Metropolitana bajo su dependencia, Osvaldo Chamorro, a fin de que el mismo realizara ‘tareas de inteligencia’ respecto de dirigentes políticos de la oposición, legisladores, gremialistas y miembros de su propia administración, inclusivas de la obtención de información financiera de los mismos ;

2-Si tal situación se inscribe en la política de espionaje ilegal detectada por la investigación que está llevando a cabo el Juez Federal Norberto Oyarbide, por las escuchas telefónicas ilegales de que fueran objeto inicialmente Sergio Burstein y otros ciudadanos con la participación del agente municipal de su gobierno, Ciro James y en el marco de la cual el magistrado aludido ha ordenado y concretado la detención de este último como así también del primer ex jefe de la Policía Metropolitana –Jorge ‘ Fino’ Palacios-, por la comisión de graves delitos;

3-Cual es la responsabilidad y el rol del gobierno que conduce, en el diseño de la estrategia instrumentada a través de dos jueces de la Provincia de Misiones, por la cual y en base a falsas denuncias, se ordenaban escuchas ilegales de los teléfonos de dirigentes sociales, empresarios y aún parientes del propio jefe de Gobierno;

4-Cual ha sido el rol que ha desempeñado el primer ex Jefe la Policía Metropolitana, Jorge ‘Fino’ Palacios, en el armado de una red de espionaje que operaría desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inclusiva de tareas de inteligencia interna y escuchas telefónicas ilegales – calificadas por el Juez interviniente como una ‘ verdadera Gestapo ‘-, y cuales han sido las instrucciones impartidas por el gobierno a su cargo en relación con el tema de referencia.

5-Cuales son las razones por las que no ha separado de su cargo al Ministro de Seguridad de su gobierno, Guillermo Montenegro, por su ineludible responsabilidad política en los gravísimos hechos que se vienen sucediendo en clara confrontación con el derecho a la privacidad de quienes fueran victimas de investigaciones y escuchas ilegales;

6-Cuales han sido las razones por las que se ha apartado de las disposiciones vigentes en materia de seguridad e inteligencia interna, violando, entre otras, la normativa de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Seguridad Interior y asumiendo tareas totalmente ajenas a su jurisdicción local y extrañas a las funciones de una policía comunal, con rasgos totalitarios y antidemocráticos, en desmedro de los derechos de los ciudadanos afectados.


F U N D A M E N T O S


Sr. Presidente:
Asistimos azorados a una suerte de ‘Gran hermano’, donde el ojo controlador no es otro que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los controlados son ciudadanos inermes, que desconocen su condición de perseguidos e investigados, entre los cuales se encuentran dirigentes sociales y comunitarios, empresarios, gremialistas, y hasta parientes y funcionarios del mismo Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

Esta impronta autoritaria por la cual se han generado estrategias inclusivas de la utilización de jueces aparentemente afines al Jefe de Gobierno, por contactos políticos aparentemente efectuados a través de dirigentes aliados con eventual incidencia sobre la actividad de los magistrados aludidos, y mediante la cual, en base a causas falsas y ficticias , deliberadamente armadas , se han ordenado desde extraña jurisdicción escuchas ilegales de las conversaciones telefónicas de dirigentes de la comunidad judía como Sergio Burstein o de empresarios como Carlos Avila, constituye ni más ni menos que la expresión de una concepción política Hobbesiana, lindante con el totalitarismo más acendrado y con prácticas claramente antidemocráticas y violatorias del derecho a la privacidad garantizado, entre otros, por el art. 19 de la Constitución Nacional.

Lo grave de todo esto, tal como se desprende de la investigación en curso a cargo del Juez Federal Norberto Oyarbide, es que detrás de estas prácticas detestables se han podido identificar a los sucesivos Jefes de una policía que aún no ha entrado en funcionamiento, cual es la Policía Metropolitana.

El primero de ellos, el tristemente conocido Jorge ‘Fino’ Palacios, ha sido detenido por el Juez interviniente como presunto responsable de la red de espionaje ilegal que diseñara y aplicara desde su jefatura policial aludida.

He tenido oportunidad de repudiar y criticar mediante numerosos proyectos, como lo ha hecho la mayoría de los dirigentes democráticos de nuestro país, las políticas antisociales, represivas y autoritarias del gobierno porteño, en especial la expresada en la concepción represiva y de fuerza de choque con la que ha dotado a aquel cuerpo de seguridad aún en ciernes, desde su capacitación militar por comandos y miembros de las FFAA, en clara violación a las disposiciones de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, hasta la designación de personajes seriamente cuestionados por su participación en hechos delictivos de magnitud, como el ‘Fino’ Palacios – también procesado por la causa Amia y seriamente comprometido con la represión mortal del 19,20 y 21 de Diciembre de 2001- , o de sus colaboradores, el agente de inteligencia Ciro James o su ex segundo, el ahora también renunciado Osvaldo Chamorro.

Este último, según información brindada por el mismo Juez Oyarbide y ampliamente difundida por los medios de comunicación en estos días, habría incurrido en diversos actos de espionaje consistentes en la investigación de la situación financiera de dirigentes y legisladores opositores de la Ciudad como Silvia La Ruffa, Diana Maffia y Gonzalo Ruanova, o de su propio jefe de Gabinete, Horacio Rodriguez Larreta, y, eventualmente, sus aliados Diego Santilli, Cristian Ritondo y Martín Borrelli. También habría sido víctima de tan aberrante práctica el secretario general del gremio de trabajadores municipales, Patricio Datarmini.

Esta desaprensión y falta manifiesta de todo límite moral, ético y legal en el ejercicio de la función pública que llega hasta la persecución clandestina de sus propios colaboradores, resulta expresiva de un desapego injustificable a las normas constitucionales y a la legislación vigente, y posee características descalificadoras para quien las ejerce.

En efecto, no forma parte de las tareas del Jefe de Gobierno, un jefe comunal al fin de cuentas, ni de su policía local, las tareas de inteligencia que, como señalan las leyes vigentes (de inteligencia y de seguridad interior, entre otras) corresponden a órganos del gobierno federal, y siempre y cuando, los requisitos impuestos por las normativas vigentes habiliten dicho tipo de intervención.

Parece que las NUEVAS FORMAS de hacer política que ha encontrado el Ingeniero Macri, no tienen nada de tales, y más bien se identifican con las políticas diseñadas y ejecutadas en nuestro país por los gobiernos más autoritarios y represivos que hemos debido padecer durante largos y oscuros períodos.

Una curiosidad incomprensible la constituye el hecho de que el Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, a la sazón responsable político de la policía metropolitana, y por ende de sus dos jefes cesanteados – Palacios y Chamorro-y del agente encubierto Ciro James, TODAVIA PERMANEZCA en su cargo, a pesar de los reiterados pedidos en contrario efectuados por todo el arco opositor y por las organizaciones sociales inclusivas de las comunitarias y de derechos humanos, y de su inexcusable responsabilidad en los graves hechos acaecidos.

La permanencia de Montenegro constituye una ofensa inaceptable a la dignidad de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes pretenden ser burlados con excusas absurdas que incluyen supuestos desconocimientos de aquellos que diseñan y ordenan las políticas públicas, y por tanto son responsables de los graves hechos generados.

Entiendo entonces que, sin perjuicio del accionar de la Justicia, que día a día descubre nuevos hechos que empañan de ilegitimidad, ilegalidad e impudicia al gobierno porteño, corresponde que como integrantes del Poder Legislativo de la Nación exijamos del Jefe de Gobierno implicado las explicaciones e informaciones que permitan transparentar el entramado de complicidades y acciones clandestinas e ilegales con que ha quedado manchada su administración, permitiendo al pueblo de la Ciudad, titular de la soberanía, y a sus representantes, analizar los hechos y obrar en consecuencia.

Por tales razones pido la aprobación del presente proyecto.