jueves, 2 de julio de 2009

Dante Gullo repudió el golpe de Estado en Honduras y expresó su solidaridad con el presidente Zelaya

Foto: Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras

El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo expresó hoy su repudio ante el golpe de Estado perpetrado en Honduras por las Fuerzas Armadas de ese país y manifestó su solidaridad con el presidente constitucional Manuel Zelaya y el pueblo hondureño.


A tal efecto, presentó ante el Congreso Nacional un Proyecto de Resolución, que también lleva la firma de la diputada Juliana Di Tullio, en el que repudia el golpe de Estado perpetrado en Honduras “por sus Fuerzas Armadas, que secuestraron y expatriaron compulsivamente a su presidente constitucional, Manuel Zelaya”.

Además, el Proyecto subraya “su beneplácito por las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional y la Cancillería, por las que se decidió convocar a la Unasur para defender unitariamente, con los países que la integran, la democracia hondureña, así como exigir el cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA a fin de que se restituya de inmediato el orden constitucional vulnerado en el Estado Hondureño”.

A continuación, el texto completo del Proyecto presentado en el Congreso de la Nación:


PROYECTO DE RESOLUCION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION,

RESUELVE:

1-. Repudiar el golpe de Estado perpetrado en Honduras por sus Fuerzas Armadas, que secuestraron y expatriaron compulsivamente a su presidente constitucional, Manuel Zelaya.

2-. Expresar su solidaridad con el presidente Manuel Zelaya así como con la democracia y el pueblo hondureño.

3-. Manifestar su beneplácito por las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional y la Cancillería, por las que se decidió convocar a la Unasur para defender unitariamente con los países que la integran la democracia hondureña, así como exigir el cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA a fin de que se restituya de inmediato el orden constitucional vulnerado en el Estado Hondureño.



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Una práctica que los países latinoamericanos deseamos desterrar para siempre de nuestro subcontinente, ayer, 28 de junio de 2009, se repitió en Centroamérica. En Honduras, por la mañana, unidades militares salieron a la calle y consumaron un golpe de Estado. Ametrallaron la casa del Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, lo secuestraron y lo expatriaron a Costa Rica, donde aún permanece hospedado por el gobierno. Desde allí responsabilizó del hecho a la elite económica hondureña y reafirmó que es el Jefe de Estado: “sólo el pueblo me puede quitar o poner. No va a ser un grupo de gorilas el que me va a arrebatar el poder moral que me dio el pueblo de mi país” (Diario Página 12, 29/06/09). Por su parte, en Tegucigalpa, los golpistas ya nombraron como nuevo presidente al jefe del Congreso, Roberto Micheletti, previa difusión de una carta apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida por la CNN sin antes reconfirmar la veracidad de la noticia. No obstante, el pueblo desestimó el engaño y salió a la calle en un intento para detener a los tanques y los vehículos del ejército a mano limpia y para exigir el retorno a la presidencia de Zelaya.

Inmediatamente, mandatarios y organizaciones de todo el mundo salieron a denunciar un nuevo atropello contra la “democracia”. Así, la OEA, Barak Obama, entre otros, llamaron a rechazar el golpe en nombre de la institucionalidad republicana.

Destaquemos que el ataque de las Fuerzas Armadas hondureñas no es solo contra la “democracia”: América Latina vive, desde hace más de una década, un proceso de integración entre muchos de sus países los cuales, a su vez, implementan políticas que favorecen a los sectores populares. Para ello, los gobiernos nacionales y populares latinoamericanos -desde el venezolano hasta el boliviano, pasando por el ecuatoriano y el argentino- debieron recuperar el rol rector de sus respectivos Estados y avanzar sobre mayores porciones de la renta (petrolífera, gasífera, sojera, etc.), con el objeto de recuperar las economías nacionales –destruidas por las políticas neoliberales de los ’90-, redistribuir las riquezas e incrementar los niveles de igualdad social. Por su parte, los pueblos latinoamericanos adquirieron conciencia acerca de la defensa de sus intereses y apoyan a sus gobiernos en la profundización de los cambios que los benefician.

Allí se encuentra el nudo que las clases dominantes buscan desatar y, ante la imposibilidad de lograr sus objetivos mediante mecanismos democráticos, apelan a la acción directa: el golpe de Estado: en Venezuela, en 2002; la insurrección de la Medialuna en Bolivia y la intentona destituyente de 2008/09 en Argentina, son cabales ejemplos de este proceso.

El golpe de Estado en Honduras es un nuevo eslabón en esta cadena de sucesos que buscan detener el avance del proceso popular y nacional latinoamericano y eliminar las conquistas que los pueblos lograron en este tiempo.

A la hora en que los soldados secuestraron al Presidente de Honduras -así como a otros dirigentes y funcionarios alineados con sus políticas- el país se encontraba en medio de una consulta popular no vinculante para reformar la constitución. Plebiscito no sólo legal sino legítimo ya que fue avalado por 400 mil firmas. De hecho, defienden el llamado a una Asamblea Constituyente las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, que acompañan al Presidente Zelaya en su propuesta de profundizar los cambios nacionales y populares que estaban en curso.

El Presidente Zelaya, al convocar al plebiscito que posibilitara una reforma constitucional, declaró que la misma serviría para acabar con un sistema “que sólo defiende a los poderosos, los ricos y los banqueros”.

Luego de intentar todo tipo de boicot a la votación, las Fuerzas Armadas hondureñas dieron el golpe de Estado reclamado por los empresarios, la Iglesia, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Fiscalía General, el Congreso y la Procuraduría General. El obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor Darwin Andino, había afirmado que “la Iglesia católica y todo cristiano no respaldan la ilegítima consulta del gobierno por ser inaceptable, y en el que está la mano del presidente Hugo Chávez''. El jueves, el ejército se había negado a repartir las urnas, por lo que el Presidente destituyó a su jefe, el General Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Pero la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al general en su puesto. Mientras la OEA observaba el proceso y llamaba al “diálogo nacional amplio”, el poder económico concentrado hondureño, consciente respecto de la imposibilidad de semejante consigna, pergeñó el ataque.

Las declaraciones de Chávez señalaron correctamente a los responsables: las clases dominantes hondureñas, y agregó: “Fue un ataque contra todos nosotros”. Efectivamente, el golpe hondureño está dirigido contra los gobiernos y sus pueblos que denodadamente luchan por evitar que la crisis la paguen los mismos de siempre. Esto es, los sectores medios y pobres de nuestras poblaciones.

Por su parte, desde nuestro país, la Presidenta Cristina Fernández declaró: “Vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya además de garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos. También adelantó que la Argentina convocará a todos los gobiernos de la Región para buscar una salida pacífica al conflicto y reclamó a la OEA el cumplimiento de la Carta Democrática, esto es que se cumpla a rajatabla el respeto de las Constituciones y de las votaciones populares.

Por último, el canciller Taiana se comunicó con su par hondureña, Patricia Rodas, quien le relató que estaba “rodeada por tierra y por aire” por las Fuerzas Armadas. En un breve diálogo, el canciller argentino le manifestó “la solidaridad del Gobierno y la voluntad política de los países de la Región para exigir el restablecimiento en el gobierno del presidente hondureño” (P12, 29/06/09).

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.

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