El diputado nacional presentó en el Congreso de la Nación un Proyecto de Declaración donde también manifiesta su preocupación por el “marcado desinterés de los países desarrollados” respecto a los DD HH.
El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó hoy un Proyecto de Declaración para expresar su “honda preocupación por los datos denunciados en el informe 2009 de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, en el cual se destaca la determinante incidencia negativa que el marcado desinterés de los países desarrollados sobre el tema y las crisis que los mismos exportan a los países más pobres”.
El Proyecto, que también lleva las firmas de los diputados Remo Carlotto, Claudia Bernazza, Diana Conti y Alberto Cantero Gutiérrez, también expresa “Su sincero beneplácito por el reconocimiento que el mismo informe efectúa en relación con los avances registrados en nuestro país en materia de Derechos Humanos, en especial en lo que atañe a la abolición total de la pena de muerte que se desprende de la modificación legislativa efectuada al Código de Justicia Militar por decisión de este Honorable Congreso en el año 2008 y al progreso de los juicios contra los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en la Argentina durante la última dictadura militar”.
A continuación, el texto completo del Proyecto presentado ante el Congreso de la Nación:
PROYECTO DE DECLARACION
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, DECLARA:
1-Su honda preocupación por los datos denunciados en el informe 2009 de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, en el cual se destaca la determinante incidencia negativa que el marcado desinterés de los países desarrollados sobre el tema y las crisis que los mismos exportan, generan en los países más pobres.
2-Su sincero beneplácito por el reconocimiento que el mismo informe efectúa en relación con los avances registrados en nuestro país en materia de Derechos Humanos, en especial en lo que atañe a la abolición total de la pena de muerte que se desprende de la modificación legislativa efectuada al Código de Justicia Militar por decisión de este Honorable Congreso en el año 2008 y al progreso de los juicios contra los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en la Argentina durante la última dictadura militar.
FUNDAMENTOS.-
Sr. Presidente:
La más antigua y prestigiosa organización internacional de Derechos Humanos, AMNISTIA INTERNACIONAL, publica anualmente un informe global sobre la situación de aquellos derechos en todo el mundo, en el cual se detalla el grado de respeto o de violación de los mismos que los Estados de todo el orbe han sostenido en el período analizado.
La seriedad y objetividad de dichos informes le han ganado una merecida fama de imparcialidad y seriedad, que coadyuva a todos aquellos que se interesan –nos interesamos- en la profundización del sistema democrático y del Estado de Derecho, en la tarea de poder corregir y mejorar las políticas públicas relacionadas con la agenda de los Derechos Humanos, en la inteligencia de que solo a través de su irrestricto respeto, profundización y vigencia se podrá consagrar una verdadera Democracia.
El informe 2009 de dicha organización no refleja el estado de situación que nos gustaría encontrar: A despecho de compromisos y promesas de los países más desarrollados en punto a la generación de políticas que no solo mejoren sus propios ‘standards’ internos sino también los de todos aquellos que sufren las consecuencias de las crisis que nos exportan, AMNISTIA manifiesta su preocupación por la crisis global de Derechos Humanos, la que según su respetado criterio se deriva, entre otras razones, de la ausencia de una visión unificada de los países más ricos a favor de solucionar las aflicciones de los más pobres.
De tal suerte, en el informe se señala que desde Haití a China, pasando por México, Colombia, Sri Lanka, Congo y Sudán, se observa un oscuro panorama en la materia, donde la crisis económica intensifica “la inestabilidad política y la violencia”.
En su abarcativo análisis sobre la situación de los DDHH en 157 países, la ONG destaca que si bien nadie está a salvo de la crisis económica, la aflicción es peor, como lo ha sido siempre, para los países más pobres.
Así, destaca que las políticas de los países desarrollados, sumadas a su desinterés e indiferencia sobre el estado de los países más castigados en el tema, producen cada vez “más hambre y enfermedades debido a la drástica subida de los precios de los alimentos y más personas sin hogar y en la indigencia, a causa de los desalojos forzosos y los embargos de bienes hipotecados”.
Asia, África y parte de América Latina se encuentran entre las víctimas de tal estado de cosas, que según AMNISTÍA excede el marco de una crisis estrictamente económica, para traducirse en una ‘crisis de Derechos Humanos’.
Resalta también el informe que los gobiernos más poderosos están “más preocupados por atajar exclusivamente los problemas económicos y financieros en sus propios países y hacen caso omiso de la crisis mundial” que los circunda.
A despecho de los millonarios paquetes de salvataje que los países centrales han lanzado para rescatar bancos y financieras, “han olvidado a los sectores más vulnerables en sus propios países y en el resto del mundo”, reza también el documento.
Puntualizando ya algunas críticas, más adelante resalta que “por ejemplo, Estados Unidos no reconoce que los derechos económicos forman parte de los derechos humanos, y China no toma en cuenta los derechos civiles o políticos de sus ciudadanos”.
En este marco sombrío que nos obliga a potenciar esfuerzos para ir superando día a día el cuadro de situación descrito, no deja de resultar satisfactorio el expreso reconocimiento que el informe realiza respecto de los avances registrados en materia de DERECHOS HUMANOS en la República Argentina.
En tal sentido, AMNISTIA destaca como progresos fundamentales en la situación de los DDHH en nuestro país, la abolición total de la pena de muerte, derivada de la modificación sustancial del Código de Justicia Militar vigente hasta el año 2008, y que fuera una tarea y un logro compartidos por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Congreso de la Nación, derivado de un compromiso asumido – y honrado- , por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-EA), y que nos coloca como país de vanguardia en el tema, en concordancia con los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) , como así también el progreso observado en materia de juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina del período 1976/1983, derivado de la política implementada por el Gobierno y el Congreso de la Nación en punto a la anulación de las leyes de impunidad (punto final y obediencia debida) , con especial énfasis en algunos fallos recientes por los que se condena a los apropiadores de menores sustraídos violentamente de sus padres desaparecidos, en los años de plomo.
Los señalamientos sobre otros aspectos relacionados con los DDHH en la Argentina, también resultan de utilidad para ir superando rémoras derivadas en su mayoría de situaciones y prácticas preexistentes que la actual Administración, con la participación activa de este Congreso, se halla empeñada en corregir, colaborando en un todo con los Órganos de protección internacional y regional de DDHH, y adecuando las normas y las prácticas de nuestro país a los más elevados estándares de protección de los derechos fundamentales.
Por ello, parece oportuno expresar la honda preocupación generada por la situación global de los DDHH en el mundo, denunciada por AMNISTIA INTERNACIONAL, al tiempo de resaltar con beneplácito el reconocimiento que esta prestigiosa ONG realiza a los avances destacados que nuestro país ha tenido en la materia, que nos ratifica en el acierto del rumbo y en la ponderación del objetivo perseguido, sin perjuicio de la ingente tarea pendiente, que nos compromete aún más en nuestro esfuerzo por la promoción, profundización y defensa integral de los DDHH como parte de una política de Estado que la ha convertido en bandera de lucha y de gestión.
En consecuencia, solicito por las razones expresadas la aprobación del presente proyecto.
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