El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó hoy un Proyecto de Declaración en el que expresa “Su manifiesto rechazo al sesgo autoritario y antidemocrático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, una vez más, quedó evidenciado en las declaraciones efectuadas por su Ministro de Seguridad en ocasión de presentar la nueva Policía Metropolitana”. El Proyecto destaca que de las declaraciones del ministro Montenegro “surge la clara intencionalidad de reprimir y criminalizar la protesta social, contraviniendo en la materia no solo la política de seguridad implementada por el Gobierno Nacional sino también la Ley de Seguridad Interior cuyo cumplimiento es de toda obligatoriedad para aquel, toda vez que la CABA ha adherido expresamente a dicho texto normativo”.
El ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, advirtió: “Lo que uno está intentando lograr es que el conflicto se baje. Sí o sí hay que poner orden”, luego de plantear que la Policía Metropolitana va a intervenir en las manifestaciones públicas y piquetes y va a defender el sacrosanto derecho a la circulación por la vía pública. En otras palabras, reafirmó que la política de “seguridad” propuesta -e implementada- por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consiste en criminalizar la protesta social, dejar a la seguridad en un plano secundario y poner por delante la represión a las protestas sociales.
Acompañaron la presentación del Proyecto los diputados Diana Conti, Lía Fabiola Bianco, Edith LLanos, Miguel Angel Iturrieta y César Di Tullio.
A continuación, el texto completo del Proyecto de Declaración que ingresó al Congreso de la Nación:
PROYECTO DE DECLARACION
La H. Cámara de Diputados de la Nación,
DECLARA:
Su manifiesto rechazo al sesgo autoritario y antidemocrático del Gobierno de la CABA que, una vez más, quedó evidenciado en las declaraciones efectuadas por su Ministro de Seguridad en ocasión de presentar la nueva Policía Metropolitana, y de las cuales surge la clara intencionalidad de reprimir y criminalizar la protesta social, contraviniendo en la materia no solo la política de seguridad implementada por el Gobierno Nacional sino también la Ley de Seguridad Interior cuyo cumplimiento es de toda obligatoriedad para aquel, toda vez que la CABA ha adherido expresamente a dicho texto normativo.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente :
En ocasión de presentar la nueva fuerza policial de la Ciudad de Buenos Aires, la cual estará en operaciones a partir del mes de octubre de 2009, el ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, advirtió: “Lo que uno está intentando lograr es que el conflicto se baje. Sí o sí hay que poner orden”, luego de plantear que la Policía Metropolitana va a intervenir en las manifestaciones públicas y piquetes y va a defender el sacrosanto derecho a la circulación por la vía pública. En otras palabras, reafirmó que la política de “seguridad” propuesta -e implementada- por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consiste en criminalizar la protesta social, dejar a la seguridad en un plano secundario y poner por delante la represión a las protestas sociales.
Esto no es algo nuevo en la Ciudad. Cuando asumió Macri como Jefe de Gobierno, el encargado de implementar esa política fue el fiscal general Germán Garavano, que desplegó una ofensiva judicial contra los cortes. En febrero de 2008 se registró el desalojo violento de los cartoneros que acampaban en Barrancas de Belgrano por el cierre del Tren Blanco. La Guardia de Infantería los echó por la fuerza, sin orden judicial, a las patadas y bastonazos. Los empleados del gobierno porteño tomaron sus pocas pertenencias y las arrojaron a los camiones compactadores de basura, que las trituraron frente a los ojos de sus dueños, frente al llanto de los niños, frente a la impotencia y la desesperación de un grupo perteneciente a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. También hubo heridos y detenidos.
Hagamos un paréntesis para explicar la gravedad que implica dar un trato de delincuente a una persona que hace un reclamo social. El reclamante detenido y/o acusado, una vez ingresado a la maquinaria judicial está obligado a seguir su ritmo con la misma rigurosidad que un obrero está obligado a seguir el ritmo de una cadena de montaje. Recibe citaciones, requiere de abogados defensores en general oficiales y sobrecargados de trabajo, debe explicar porqué hizo lo que hizo, confronta con testigos que casi siempre son policías, atraviesa un proceso que puede durar meses o años, sufre un estrés que en muchas oportunidades se traduce en síntomas físicos y enfermedades, pierde posibilidades laborales o se queda sin trabajo, experimenta trastornos familiares y su familia padece con él. Si está en una situación vulnerable -hecho que se caracteriza por su habitualidad en quienes se ven obligados a realizar reclamos sociales-, se fragiliza aún más. Es decir, sufre un castigo aún peor que la pena que le toque en caso de ser hallado culpable.
Posteriormente a los hechos de febrero de 2008, la gestión Macri en la CABA experimentó dificultades para contar con la colaboración de la Policía Federal en sus intenciones represivas. Con el fin de subsanar esta situación, el gobierno porteño creó la Unidad de Control del Espacio Público, sobre la que existen múltiples y conocidas denuncias en la Defensoría del Pueblo Porteño a causa de violentos desalojos de hombres, mujeres y niños sin recursos que ocupaban viviendas añosas o de propiedad de la CABA así como de acciones por las que se procedió a amedrentar y golpear a ciudadanos en “situación de calle”, es decir, a quienes no les queda otra alternativa más que pasar la noche en una plaza, un zaguán o el portal de una Iglesia.
Respecto del tema al cual se aboca el presente Proyecto de Declaración, el diputado Claudio Lozano de Proyecto Sur declaró a Página 12: “No hace más que ratificar el componente represivo de la estrategia macrista en la ciudad, donde el sentido de la policía es simplemente favorecer un proceso de represión del conflicto social, tanto de desalojo de calles como de viviendas, como lo ha venido haciendo Macri desde la asunción hasta aquí, dejando en la calle a cerca de tres mil familias” (27/07/09).
El senador Daniel Filmus del FPV se explayó de la siguiente manera: “Cuando uno recuerda lo que sucedió cuando renunció De la Rúa o lo de Kosteki y Santillán, llega a la conclusión de que ningún paso de un vehículo vale una vida humana (…) Hace seis años que se trabaja para resolver los piquetes a través del diálogo (incluso con la 125). Educar a la nueva policía en que la forma de resolver los conflictos es la represión va a generar peores condiciones para la seguridad” (Página 12, 27/07/09).
El ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, dijo: “Macri ya tiene un grupo que patotea a los cartoneros y ahora quiere darle un perfil propio a la policía de la ciudad dejando a la seguridad en un plano lejano y poniendo por delante las protestas sociales” (Página 12, 27/07/09).
El legislador Diego Kravetz del FPV remarcó: “Generamos una policía para combatir el delito, no para reprimir la protesta social ni para que sea el último guardián de tipos que no tienen que tener ninguna relación con el Estado, como el Fino Palacios” (Página 12, 27/07/09).
El legislador Martín Hourest de la CTA afirmó: “La policía no puede ser la demostración de la ineficacia para prever del gobierno porteño que más que tener una fuerza de represión, tendría que tener una mesa de conversación” (Página 12 27/07/09).
La legisladora de la Coalición Cívica, Diana Maffia, advirtió: “Es una pena que la Policía Metropolitana esté concebida como una ampliación de la UCEP y que Montenegro la piense para cumplir la ley en un aspecto represivo” (Página 12, 27/07/09).
La diputada radical Silvana Giudici estimó: “Si Montenegro imagina una policía para desalojar piquetes estamos ante un modelo represivo que no va a colaborar para una mejor calidad para los vecinos” (Página 12, 27/07/09).
En cuanto al legislador del ARI Facundo Di Filippo, relacionó la protesta social con el incumplimiento del gobierno porteño de todos los planes sociales: “Las medidas represivas no dieron resultados y es una de las pocas que me parecen correctas del gobierno nacional (no reprimir…) lo que pretende hacer Montenegro es tapar el sol con un dedo” (Página 12, 27/07/09).
Como ustedes, mis pares, pueden apreciar, representantes de la inmensa mayoría de las fuerzas que integran el espectro político nacional, expresaron opiniones radicalmente opuestas a la intencionalidad represiva frente a la protesta social que será la impronta de la supuesta “política de seguridad” de la gestión macrista. Razón por la cual solicito me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.
http://parlamentario.com/noticia-23400.html
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